Comisión de alto Nivel Anticorrupción y Ministerio de Relaciones Exteriores organizan seminario para incentivar al empresariado a luchar contra la corrupción

Lima, 14 de diciembre de 2012.- Todo acto de corrupción involucra a un servidor público y a un particular, y como tal constituye una amenaza al desarrollo, la democracia y a la estabilidad económica. Erosiona el servicio público y genera desconfianza hacia los funcionarios públicos, por tanto, resulta necesario adoptar medidas para prevenir dichos actos, no sólo en el ámbito público, sino también en el privado.

En ese sentido, y en el marco de los principios para implementar Códigos de Conducta Anticorrupción para los negocios, medida aprobada en el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Relaciones Exteriores organizan el seminario “Integridad, Sector Empresarial y Gobernabilidad: la Experiencia Peruana”.

En el encuentro, que se realizará el 17 de diciembre en la sede de la Cancillería, se conocerán experiencias privadas orientadas al desarrollo de conductas y compromisos éticos, valores e integridad en la actividad empresarial, elementos vitales que fortalecen el desarrollo económico y sostenible, el crecimiento y el bienestar del país.

El seminario, que congregará a empresarios y funcionarios públicos, tendrá como expositores a Susana Silva Hasembank, Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción; Mario Mongilardi Fuchs, vicepresidente del Comité de Productores para la Salud y Ciencias Afines de la Cámara de Comercio de Lima, entre otros. También participarán como panelistas Humberto Speziani, Presidente de la CONFIEP; Hernán Lanzara Lostaunau, Director Institucional de la Cámara de Comercio de Lima; Beatriz Boza Dibós, socia de Ernst & Young, entre otras autoridades. Cabe recordar que esta evento se enmarca en la reciente Declaración Anticorrupción adoptada por el Foro APEC, en Vladivostok (Rusia), donde el Perú reconoce la importancia de la suma de esfuerzos públicos-privados para promover la creación de códigos de conducta en el sector privado así como otras medidas para luchar contra este flagelo, de modo que se garanticen transacciones comerciales libres de corrupción, en especial en las pequeñas y medianas empresas.