Se reduce percepción sobre corrupción como principal problema del país

La VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013 revela que el 44% de los peruanos considera a la corrupción como uno de los principales problemas que enfrenta el país, cifra menor en 3 puntos respecto al sondeo de 2012.

El estudio, elaborado por Ipsos Perú y encargado por Proética, indica que la delincuencia es considerada como el principal problema (63%), seguido de la corrupción, y el consumo de drogas (40%)

Además, que tres de cada cinco entrevistados consideran que la corrupción es el principal obstáculo que impide lograr el desarrollo del país.

En tanto, el Congreso de la República, la Policía y el Poder Judicial fueron percibidas como las instituciones más vulnerables a la corrupción, mientras que el Gobierno Central, obtuvo un 11%, ocupando el octavo lugar.

La encuesta nacional fue realizada a 1,202 personas en 16 regiones del país por la empresa Ipsos Perú por encargo de Proética; contó con el auspicio de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

Escándalos

Respecto a la encuesta, Cecilia Blondet, directora de Proética, señaló que esta percepción negativa de los ciudadanos es alimentada, entre otros factores, por los escándalos vinculados a los expresidentes y congresistas.

Mencionó, entre estos casos, el de los “narcoindultos” durante la gestión de Alan García, las adquisiciones inmobiliarias de la suegra de Alejandro Toledo, la denominada “repartija” en la elección de las autoridades de la Defensoría y Tribunal Constitucional, entre otros.

Blondet  sostuvo que, en esta coyuntura, en que se ha convocado a un diálogo nacional amplio, la sociedad civil y el sector privado están dispuestos a colaborar con el Gobierno en fortalecer las políticas anticorrupción.

Indicó que pueden utilizarse instancias como el Acuerdo Nacional, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la Alianza para el Gobierno Abierto o las que se estime necesarias para colaborar en una cruzada anticorrupción.

A su juicio, el Gobierno debería fortalecer, con un shock de inversión, determinados proyectos de la instituciones anticorrupción a nivel nacional en coordinación con los gobiernos regionales.

 

Asimismo, identificar los trámites más problemáticos y simplificarlos, crear una oficina autónoma para garantizar una adecuada aplicación de la ley de transparencia.

También avanzar e informar sobre el proceso de aplicación de la ley del Servicio Civil. Otra medida es trabajar en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización en el financiamiento de los partidos y en la reformulación de las hojas de vida para las elecciones del 2014.

Fuente: ANDINA

22/agosto/2013