Poder judicial lucha contra la corrupción y defiende DDHH

Garantiza expresidente de Corte Superior de Lima, Angel Romero

El Poder Judicial (PJ) es uno de los poderes del Estado que todos los días lucha contra la corrupción y es el principal defensor de los derechos humanos de los ciudadanos, por lo tanto, no es justo que lo culpen, por ejemplo, de aprobar medidas cautelares para enmendar errores o injusticias administrativas en los organismos del Estado, señaló el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Angel Romero Díaz, con motivo de la reciente reunión efectuada en el Parlamento con los más altos funcionarios de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

“No es justo que culpen al Poder Judicial, por ejemplo, de aprobar medidas cautelares para enmendar errores o injusticias administrativas en los organismos del Estado cuando solo se trata de cautelar el debido proceso a que tienen derecho los ciudadanos. Si éstos se ven vulnerados en sus derechos, que la Carta Magna protege, vuelven la mirada al PJ en busca de justicia. Una correcta administración de justicia pasará necesariamente por una justa aplicación de la ley. Y es lo que hacemos los jueces del Perú”, remarcó el magistrado.

Romero Díaz indicó que el PJ, con todas sus limitaciones logísticas y financieras, ha dado muestras de ponerse a la vanguardia de las instituciones cuando se trata de la lucha contra la corrupción o si tiene que ver con la defensa de los derechos ciudadanos, sin distingos de ninguna especie y sin abdicar su independencia para administrar justicia ni sucumbir ante los halagos del poder político.

El actual presidente de la Primera Sala Civil de Lima señaló que el Poder Judicial, representado por su presidente, Enrique Mendoza, estuvo entre los firmantes de la Declaración de Compromiso Interinstitucional de la Mesa de Trabajo Anticorrupción, efectuada en el Congreso. “Allí compartió la firma con las cabezas del Parlamento, PCM, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, fiscal de la Nación y la Contraloría General de la República”, detalló.

Finalmente, sostuvo que el pueblo y sus autoridades deben entender que no es denostando la acción de los magistrados como se deba buscar la paz y la tranquilidad en la sociedad. Y menos deslegitimando sus decisiones. Lo recomendable es observar las normas que existen, no violarlas y menos atropellar los derechos ciudadanos, dentro de la Constitución y el estado de derecho.

Fuente: Diario “El Men”