“Debido a la corrupción, el Perú perdió su oportunidad de ser un país desarrollado”

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YVÁN MONTOYA. Ex procurador anticorrupción. Actual asesor del IDEHPUCP y profesor del Departamento de Derecho de la PUCP. Francesca García D.

Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y catedrático de la materia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yván Montoya reflexiona sobre las políticas en materia anticorrupción y considera que el terreno ganado durante estos años se debe a que el delito ha mutado, se ha convertido en más inteligente.

Cuando fue candidato el presidente Ollanta Humala prometió marcar diferencia en la lucha anticorrupción, ¿cómo percibe lo hecho hasta hoy?

Creo que se presenta un fenómeno de desaceleración en el impulso de la lucha contra la corrupción que tiene como principal responsable al Ejecutivo pero involucra también a otros órganos autónomos como el Poder Judicial, Ministerio Público y hasta la propia Contraloría General.

¿Les reconoce algún resultado?

Algunos, como la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que ha realizado esfuerzos de coordinación entre los distintos organismos. Dentro de sus límites, su secretaría técnica ha hecho esfuerzos y ha realizado algunos proyectos de ley, pero aún hay temas importantes en espera.

¿A cuáles se refiere?

Proyectos de ley planteados desde la Contraloría y que no han merecido el apoyo del grupo parlamentario de gobierno. Uno de ellos, referido al otorgamiento de la potestad para que puedan tener acceso a la reserva tributaria y al secreto bancario. Importante porque la Contraloría puede fiscalizar las declaraciones juradas de los funcionarios e investigar si existe enriquecimiento ilícito pero no puede ir más allá.

¿Y en cuanto a responsabilidad al nivel del Poder Judicial?

El PJ presentó cuatro proyectos al Congreso en la época de César San Martín. Uno de ellos pedía que se les otorgue poderes extraordinarios y atemporales a la Presidencia de la Corte Suprema para investigar y procesar las redes de corrupción internas. Otro de ellos, sobre el fortalecimiento de la Oficina de Control de la Magistratura, que plantea profesionalizar a magistrados para investigaciones de inconductas funcionales internas para mejorar la lucha anticorrupción. Nunca pasaron al Pleno.

¿En qué contribuye el Plan Nacional Anticorrupción?

El impulso que se le da a ese plan es absolutamente ausente. Sería importante saber si se están cumpliendo las metas del Plan. Hasta donde yo sabía, el plan exigía que se formaran en cada región mesas regionales anticorrupción, lo que significaba concretar planes regionales. ¿En cuántos lugares ya tenemos planes regionales anticorrupción aprobados? Sería importante saber estos resultados que saber qué debe priorizarse en cada zona. El Presidente debería tener protagonismo en este impulso anticorrupción.

En su ranking anual, Transparencia Internacional ubica al Perú en medio de la lista de los 170 países más corruptos, ¿cuál es nuestra realidad a nivel internacional?

A nivel mundial el Perú tiene un nivel tan bajo en materia de transparencia que compite con países africanos. Podemos estar creciendo mucho, más que esos países, podemos estar en buenos niveles de competitividad en materia económica pero en cifras de institucionalidad democracia, y sobre todo, en institucionalidad referida a la prevención de la corrupción competimos con países como Zimbabue, Nigeria y Ruanda. En transparencia de la información nos falta muchísimo.

El ex procurador José Ugaz sostiene que la desaceleración de la lucha anticorrupción encuentra una de sus explicaciones en la falta de decisión política. ¿Coincide con ello?

Compartimos varios diagnósticos con José. Yo sostengo que la desaceleración puede deberse a que el fenómeno de la corrupción ha mutado. Ya no es la corrupción de la época de Fujimori que estaba grabada. El corrupto actual busca inteligentemente la grieta de la norma y espacios donde el funcionario tiene márgenes de discreción.

¿Las normas actuales son falibles para atrapar corruptos?

Es difícil para un juez encontrar relevancia penal en estos casos. Como los jueces son tan formalistas y hacen lo que dice, literal, la norma, muchas veces no encuentran el abuso del poder público porque se ciñen en un texto formal y no le dan contenido sobre códigos de ética de roles y funciones que les corresponden a los funcionarios.

Y frente a ello, ¿cómo han respondido los órganos de justicia?

El propio MP y el PJ se han retraído. No quiero decir con esto que ahora haya más magistrados y fiscales corruptos. Sí creo que existen redes de corrupción, pero creo que los corruptos dentro del PJ se han organizado; saben quiénes son y hay un repliegue de la gente más honesta, quienes por distintas razones ocupan ahora posiciones más marginales, en salas no tan trascendentes y fiscalías no relevantes. En sus lugares han sido colocadas personas más “movibles” o “conversables”.

¿Cómo fueron posibles antes los logros anticorrupción?

Cuando Ugaz refiere la ola anticorrupción del 2000–2001 y hasta el 2006, se refiere a una época cuando existía en salas estratégicas gente más comprometida o competente. Tengo en mente varios nombres y ahora no sé qué plaza ocupan. Considero que todo eso hace que los casos de corrupción terminen en archivamiento y no prosigan.

Hace semanas alertaron desde el Congreso que se pretendería archivar el caso de Áncash. Mesías Guevara advirtió que el MP y el PJ ponían trabas a las investigaciones. Escenarios similares con grandes casos como el de Petroaudios o el de Orellana. ¿Qué hacer contra ello?

Varias cosas. Si me limito solo al MP creo que se trata de una estructura muy vertical. En cualquier momento el Fiscal de la Nación puede disponer cambio del fiscal sin mayor razón. Hasta ahora no me explico por qué cambiaron a la fiscal del caso Comunicore, y como se sabe pasaron unas semanas y retiraron a (Luis) Castañeda de la investigación. Lo primero es borrar de las disposiciones de la Ley Orgánica del MP ese poder del Fiscal de la Nación de sacar casi sin motivación a un fiscal de una causa.

Según la Contraloría al año se pierden S/. 10 millones debido a la corrupción. ¿Por qué cree que el sector económico que suele influir en las decisiones políticas no toma este problema como un factor que atenta contra sus propios intereses?

Los costos que menciona son desvíos que hacen ineficaz la prestación de servicios públicos; sobre todo, a los más pobres del país. Con ese dinero se ha hecho menos en educación, salud, en seguridad, se ha comprado menos o de menos calidad. Son resultados inmediatos para todos los ciudadanos pero también costos para el empresariado. Pero lo que dice (Alfonso) Quiroz es mucho más grave, dice es que el Perú ha tenido históricamente desde el Virreinato y la República hasta el 2001 un promedio de 2 a 3% de PBI en pérdidas. Lo que significa que el Perú en un 50% perdió históricamente su oportunidad de ser un país desarrollado a causa de la corrupción.

¿Produce mucha frustración trabajar en temas anticorrupcón en un país como el nuestro con una corrupción prácticamente institucionalizada?

(Ríe) Si leen el libro de Quiroz (Historia de la corrupción en el Perú) hemos tenido ciclos de corrupción alta y muy alta, nunca ciclos de baja corrupción y es absolutamente frustrante. Uno creyera que pudimos haber aprendido con un presidente preso y ministros condenados pero la sostenibilidad de la lucha anticorrupción no es parte de nuestra característica como políticas públicas.

Un panorama desalentador…

Uno no se puede dar el lujo de creer que la corrupción no se puede combatir,porque sí es posible. El día que uno empiece a pensar eso, ese día la corrupción nos empezó a vencer.

Fuente: La República

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