LA AGENDA ANTICORRUPCIÓN EN EL PAÍS

Presentacion a

Dr. Pablo Sánchez Velarde
Fiscal de la Nación (e)
Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Hace unos días, por decisión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, conformada por representantes del sector público, empresarial y sociedad civil, me han honrado con la responsabilidad de liderar dicha entidad, como órgano rector en la coordinación y articulación de las políticas anticorrupción.

La corrupción es un fenómeno delictivo que afecta inevitablemente a todos los peruanos, principalmente a los pobres, dificulta el acceso a los servicios públicos, reduce oportunidades de desarrollo de nuestros jóvenes y obstaculiza emprendimientos empresariales. Una política de lucha contra la corrupción debe ser una de las prioridades máximas de todo gobierno democrático y debe asumirse como una Política de Estado.

Hemos dado pasos importantes como la constitución de la CAN Anticorrupción, (Ley 29976), fortalecida con la participación de la sociedad civil y el sector empresarial. Es el único espacio público de articulación donde se analiza este problema y propone los marcos normativos y de política para hacerle frente, pero sobre el cual existe un escepticismo que tenemos que remontarlo con resultados.

Existe un “Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción”, con objetivos, estrategias y acciones, entre preventivos, de sanción y medidas que exigen la coordinación y articulación entre entidades. Desde la presidencia de la CAN Anticorrupción, la piedra de toque en todo el trabajo será entender que una agenda anticorrupción es un componente clave de un movimiento más amplio a favor del buen gobierno y de una administración con integridad, moderna, honesta y eficiente.

En el marco del diseño de toda estrategia relativa al buen gobierno y la lucha contra la corrupción, gran parte de la labor se debe centrar en la administración del riesgo y a evitarlo.

Tenemos que luchar contra la pobreza en esferas en que el marco legal para combatir las conductas es imperfecto y los mecanismos vinculados al control y supervisión no cumplen su función o ni siquiera existen. Debemos tener reacciones rápidas, decisivas y eficientes ante los problemas que inevitablemente habrán de surgir.

Debemos inclinar el arco de la historia. La corrupción en el país es de larga data y este arco no será fácil de inclinar sino tenemos el compromiso de todos. En el marco de mi mandato fortaleceré, con el consenso de sus miembros, la agenda de lucha contra la corrupción eficaz y con resultados.

Con los mismos métodos que hemos logrado la derrota de importantes cabecillas del narcotráfico y terrorismo, iremos ahora por los cabecillas de los carteles de la contratación y sus redes que se han incrustado en las oficinas del Estado.

Exigiré la ejecución del “Plan de Acción 2015” -recientemente aprobado- que incluye 23 medidas anticorrupción. Desde la persecución de la corrupción, implementaremos protocolos de acción conjunta y reglamentos en el ámbito penal vinculados a la recuperación de activos, colaboración eficaz, así como el intercambio y acceso a la información.

En relación a las redes de corrupción descubiertas en regiones fortaleceremos a las Comisiones Regionales Anticorrupción, a fin de permitir que los actores regionales desarrollen estrategias anticorrupción en concordancia con las realidades específicas de cada región.

Con respecto a la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción fomentaremos el empoderamiento del ciudadano. No basta con una ciudadanía expectante, queremos una ciudadanía activa, involucrada en la toma de decisiones y pendiente de los objetivos del país.

En el ámbito de la construcción de una cultura democrática, debemos formar cívicamente a las y los líderes del futuro; para ello, recomendaremos la inclusión de un módulo en la curricula educativa nacional y en universidades de respeto a la legalidad, que forme a los niños, niñas y jóvenes en valores democráticos.

Nos apoyaremos en las mejores prácticas y estándares de los organismos internacionales que trabajan en el tema, como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción de la Comunidad Andina (CAN) y la Convención Anti-soborno de la OECD, a la que pretendemos adherirnos.

Las y los peruanos debemos ser honestos, no por temor a las sanciones, sino por la íntima convicción de que la legalidad y la integridad son condiciones esenciales para vivir en comunidad y para tener un futuro como nación.

El Perú tiene la capacidad, la fuerza moral, el marco legal, la fortaleza en sus instituciones, para combatir y vencer este fenómeno que afecta el desarrollo moral y económico del país. La lucha contra la corrupción tiene que ser la bandera de una Nación unida en la convicción de que su futuro sólo se construye sobre bases de honestidad e integridad.

Fuente: Diario La República

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