Proyecto de ley que crea la autoridad nacional para la transparencia y el acceso a la información pública

Proyecto de ley que crea la autoridad nacional para la transparencia y el acceso a la información pública

Objeto y alcances del proyecto
El proyecto propone la creación de una autoridad autónoma encargada de garantizar el derecho al acceso a la información pública y controlar la implementación de la política y normas de transparencia a nivel nacional.

Esta Autoridad se erige como el ente que ejerce el liderazgo en las siguientes materias:
• Formulación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
• Fiscalización y supervisión del cumplimiento por parte de las entidades del Estado de las normas de transparencia
• Sanción en caso de violación de las normas de transparencia y acceso a la información pública.

Se trata de una cuestión fundamental para el Estado de Derecho y sobre la que existe necesidad y consenso internacional (Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

El objetivo de esta entidad es garantizar la entrega oportuna de la información pública al ciudadano, lo cual en la actualidad constituye un grave problema constatado objetivamente, entre otras entidades, por la Defensoría del Pueblo, y que se concreta en deficiencias específicas, tales como la demora excesiva en la entrega de información pública en el ámbito administrativo y judicial (procesos de habeas data tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional), vulneración reiterada de las normas de transparencia y el acceso a la información pública en el ámbito administrativo, a través de la negativa o retardo excesivo en la entrega de dicha información, entre otros.

Estado actual
Los titulares de la CAN, en sesión del 29 de octubre de 2015, acordaron por unanimidad impulsar la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia. Sobre esa base, con el liderazgo de la Coordinación General, se convocaron diversas reuniones técnicas de trabajo, para perfilar un proyecto de ley que reuniera las mejores experiencias y estándares internacionales.

Las reuniones técnicas ya terminaron, habiendo alcanzado consenso respecto a una fórmula legal que perfecciona y mejora ostensiblemente la propuesta inicial de la Defensoría del Pueblo. Corresponde ahora elevar este proyecto a los titulares de la CAN para que en sesión plenaria se apruebe y prosiga el circuito administrativo respectivo hasta su presentación formal al Congreso de la República.