Proyecto de ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito de cohecho activo internacional

El 16 de marzo del 2009, el Estado Peruano solicitó su adhesión a la Convención Antisoborno de la OCDE y expresó su interés de ser parte de su Grupo de Trabajo. El 20 de septiembre del 2012 –en respuesta a la solicitud de Perú– el Grupo de Trabajo Antisoborno de la OCDE mostró su preocupación sobre la capacidad del Perú para cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención Antisoborno, referidas a:

1) La regulación del decomiso del valor del producto del soborno;
2) La incorporación de sanciones pecuniarias (es decir, multas) para la personas naturales en el delito de cohecho internacional; y,
3) La responsabilidad autónoma de las personas jurídicas.

A partir de estas recomendaciones, el Estado peruano realizó denodados esfuerzos para superar las observaciones del Grupo de Trabajo Antisoborno de la OCDE, entre los que se encuentra:

1) Modificación del artículo 102 del Código Penal, mediante Ley N° 30076, publicada el 19 de agosto del 2013, a fin de introducir en nuestra legislación penal el decomiso del valor de los bienes ilícitamente obtenidos;
2) Incorporación, mediante Ley N° 30111, de la sanción pecuniaria (multa) para los delitos de corrupción.
La obtención de la categoría de “miembro pleno” en el Grupo de Trabajo Antisoborno está supeditada particularmente a que el Perú incorpore en su legislación la regulación sobre responsabilidad autónoma de personas jurídicas, en los términos de la Convención Antisoborno de la OCDE.

SOBRE EL ESTATUS DE “PARTICIPANTE” DEL PERÚ EN EL GRUPO DE TRABAJO ANTISOBORNO
Mediante carta de fecha 6 de marzo de 2014, el Grupo de Trabajo Antisoborno invitó al Perú a ser “participante” (hasta antes de esta categorización, el Perú participaba en las sesiones del Grupo en calidad de país “invitado”) con miras a preparar su adhesión a dicho Grupo. En la carta también se indica que, a partir de este estatus, el Grupo de Trabajo espera que Perú adopte las medidas necesarias para superar los defectos normativos identificados por aquél, para que luego solicite se reconsidere su adhesión, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de la carta mediante la que se acepte dicho estatus.

El Grupo de Trabajo de la OCDE en esta misma carta sostiene que, de lo contrario, “Perú debería explicar al final del periodo de 2 años por qué no ha buscado la reconsideración de su solicitud de adhesión. El Grupo de Trabajo evaluaría entonces si el estatus de participante de Perú debe continuar” .

Teniendo en cuenta que la carta de respuesta de la Embajada peruana en París, mediante la que se acepta la invitación del Grupo de Trabajo, está fechada el 10 de marzo de 2014, nuestro estatus de participante vence en estricto en marzo del 2016, como también se indica en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Estado peruano y la OCDE a propósito del Programa País que, como es sabido, ya se viene ejecutando.

Por lo tanto, antes del vencimiento de los 2 años (es decir, antes de marzo del próximo año), el Perú debe haber superado las observaciones normativas que hizo el Grupo de Trabajo (la única pendiente es la responsabilidad autónoma de personas jurídicas) y, además, solicitar se reconsidere su ingreso al Grupo de Trabajo.
Esto nos obliga a impulsar decididamente la aprobación, a la máxima brevedad posible, en el Congreso de un nuevo marco normativo sobre responsabilidad autónoma de personas jurídicas.

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA REFORMA NORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD AUTÓNOMA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Existen diversos instrumentos internacionales que el Estado peruano ha suscrito y ratificado que exigen la adopción de mecanismos eficaces de persecución y sanción de las personas jurídicas que intervienen en la comisión de delitos de corrupción de funcionarios, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 26), Convención Interamericana contra la Corrupción (art. VIII) y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (art. 2).

Sin negar la importancia de estos convenios internacionales y de la Convención Antisoborno de la OCDE, debe enfatizarse que la necesidad imperativa de reformar la normativa penal en este ámbito radica en la falta de herramientas de persecución penal de las personas jurídicas, en un contexto social que no se basa ya en contactos sociales individuales sino en interacciones económicas de entes colectivos de la más diversa naturaleza y complejidad, para el cual el Derecho penal nacional no está preparado y al que debe, en consecuencia, adaptarse para ofrecer respuestas eficaces siguiendo la tendencia mundial actual.

El crimen organizado de nuestros días no tiene como protagonistas a sujetos que, individualmente, lesionan bienes jurídicos tradicionales (como la vida, la salud, etc.), sino a grupos de personas que se valen de empresas y otros entes colectivos para facilitar o encubrir sus actos ilícitos.