Empresas serían sancionadas por corrupción

Foto: Congreso de la República
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• Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprueba proyecto de ley que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en el delito de cohecho activo internacional, presentado por el Poder Ejecutivo.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó –por mayoría– el proyecto de ley que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en actos de corrupción, presentado por el Poder Ejecutivo, el cual establece sanciones para las empresas que incurran en el delito de cohecho activo internacional.

De acuerdo a la propuesta, las empresas son responsables por los delitos cometidos en su nombre, por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto, por sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y órganos colegiados, o personal subalterno, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.

De aprobarse esta iniciativa en el Pleno del Parlamento, un juez podrá aplicar sanciones contra una empresa involucrada en actos de corrupción, las cuales van desde multas, disolución (para el caso de empresas de fachada), clausura de locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo, cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales e inhabilitación.

Además, se fija una serie de medidas cautelares como la clausura de locales o establecimientos, suspensión de actividades sociales, prohibición de actividades futuras de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se habría cometido, favorecido o incluido el delito, suspensión para contratar para el Estado y la incautación o decomiso de dinero, bienes, efectos o ganancias. Cabe resaltar que el proyecto prevé mecanismos de protección para los trabajadores y acreedores que podrían resultar afectados.

REQUISITO ANTE LA OCDE
La coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Rosmary Cornejo Valdivia, sustentó la propuesta ante los miembros de este grupo parlamentario –presidido por el congresista Juan Carlos Eguren–, enfatizando que la aprobación de esta iniciativa legislativa es el único requisito que le falta al Perú para ingresar al Grupo de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

“Lo que nos falta para ingresar al grupo como miembros plenos es contar con el delito de soborno internacional en nuestro marco jurídico. Si no logramos tener esta norma para el 10 de marzo, perderemos la participación en el Grupo Antisoborno de la OCDE y volveremos a nuestra condición inicial de invitados, sin derecho a voz y voto”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos destacó la importancia de la norma, pues “contribuiría a aumentar la confianza en nuestro país, fortaleciendo su imagen internacional”.

El proyecto de ley plantea regular la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho privado, las asociaciones y comités inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado o sociedades de economía mixta por el delito de cohecho internacional.

Lima, 01 de marzo del 2016
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN