Se inicia proceso de reglamentación de la Ley Antisoborno

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  • Comisión de Alto Nivel Anticorrupción participó en la instalación de grupo de trabajo que se encargará de elaborar la propuesta de reglamento de esta norma.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) participó en la instalación del grupo de trabajo que se encargará de desarrollar la propuesta reglamentaria de la Ley N° 30424 que regula la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito de cohecho activo internacional, con lo cual se inicia el proceso de reglamentación de esta norma que permite sancionar a las empresas por corrupción.

Este equipo es presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y está conformado, además, por la CAN Anticorrupción, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y tres gremios empresariales: la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima.

La propuesta de reglamento deberá desarrollar las medidas y procedimientos que componen el modelo de prevención del delito que deben adoptar las empresas como parte de sus programas de cumplimiento normativo. El grupo tiene un plazo de trabajo de 30 días hábiles a partir de su instalación.

El Poder Ejecutivo promulgó en el mes de abril la Ley Nº 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el delito de cohecho activo internacional, la cual, por primera vez, permite que las empresas que incurran en corrupción de funcionarios puedan ser investigadas y sancionadas con independencia de responsabilidad del trabajador (gerente, jefe inmediato, etc.), que realizó el soborno.

Con esta norma, un juez podrá aplicar sanciones contra una empresa involucrada en actos de corrupción, las cuales incluyen multas hasta por casi S/.2 millones, la disolución para el caso de empresas de fachada, clausura de locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo, cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales e inhabilitación.

La ley contempla tres situaciones que configuran la responsabilidad de la persona jurídica, conforme a lo que exige la OCDE: los directivos o administradores de la empresa que cometen el delito, las personas naturales que prestan servicios a la empresa (trabajadores, consultores externos, comisionados, entre otros) que cometen el delito por orden o autorización de los directivos y las personas naturales que prestan servicios a la empresa que cometen el delito debido a la falta de control y vigilancia de los directivos de la empresa.

Además, con la promulgación de la Ley N° 30424, se inició el proceso de adhesión del Perú al Grupo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –como miembro pleno con derecho a voz y voto–, en el cual accederemos a los más altos estándares internacionales en la lucha contra la corrupción transnacional.

Lima, 08 de junio del 2016
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN