Poder Ejecutivo solicita facultades para legislar en materia anticorrupción

 

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• Paquete de medidas incluye la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, la ampliación de la Ley de responsabilidad de las personas jurídicas, entre otras.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el pedido de facultades para legislar en materia de lucha contra la corrupción, el cual incluye un paquete de medidas para combatir este flagelo, con el objetivo de avanzar hacia un país íntegro y moderno.

Entre las propuestas que contempla el proyecto de ley enviado al Parlamento figura la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales, iniciativa que fue elaborada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), la cual tiene por objeto garantizar la eficacia del derecho al acceso a la información, así como crear un sistema de sanciones para aquellos funcionarios que entorpezcan la entrega o sean renuentes a entregarla.

Se propone, además, la implementación de mecanismos de protección para denunciantes en casos de corrupción que permitan el anonimato de la fuente; así como establecer incentivos para que los ciudadanos denuncien irregularidades en el trámite de procesos administrativos, donde se advierte la mayor cantidad de casos de corrupción.

Atendiendo a un clamor ciudadano, el Poder Ejecutivo plantea la modificación del Código Penal con el objetivo de impedir que aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública retornen al Estado como servidores o funcionarios.

La reforma del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y la creación de la Procuraduría General del Estado son otras de las acciones incluidas en el paquete de delegación de facultades, como un organismo público técnico especializado con autonomía funcional, técnica y administrativa. Dicha autonomía se verá reforzada con la conformación del Consejo Directivo que contará con representantes de organismos constitucionalmente autónomos, así como por la designación de un Procurador General del Estado a través de un concurso público de selección.

Por otro lado, se propone la creación de un registro de sanciones impuestas a los abogados a nivel nacional, el mismo que será de libre acceso a fin de que la ciudadanía tenga a su disposición esta información y tome una decisión adecuada al momento de optar por su contratación.

AMPLÍAN LEY DE PERSONAS JURÍDICAS
Dentro del eje de seguridad ciudadana, se plantea la modificación de la Ley N° 30424 que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas en el delito de cohecho activo transnacional para incorporar los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, peculado, colusión, cohecho activo genérico, cohecho activo específico y tráfico de influencias.

La ampliación de esta norma resulta indispensable para el cumplimiento de estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta que los referidos delitos también son frecuentes en el país y tienen una mayor incidencia a nivel de investigación y sanción.

Puede ver el proyecto de ley de pedido de facultades presentado por el Poder Ejecutivo aquí.

Lima, 08 de setiembre del 2016
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN