Poder Ejecutivo aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021

• CAN Anticorrupción, a través de la Secretaría de Integridad Pública, realizará el seguimiento, monitoreo y evaluación de este instrumento.

El Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, instrumento elaborado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que establece las acciones priorizadas, indicadores, metas y responsables para prevenir y combatir este flagelo e impulsar la integridad en la administración pública.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, las máximas autoridades de las entidades públicas y responsables de este plan deberán adoptar las medidas para su ejecución y velarán por su cumplimiento. Además, dispone que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), a través de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, realice el seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo.

En el desarrollo de este plan se ha establecido líneas de acción prioritarias. La primera se relaciona con la profundización de acciones en el ámbito de los Gobiernos Regionales y Locales –en razón del incremento de los casos de corrupción en los últimos años– a través del conocimiento y la comprensión de la realidad local, así como la promoción de la articulación de los mecanismos de control y supervisión permanente que se desarrollan al interior del país.

La segunda línea de acción prioritaria es la prevención a través del fortalecimiento del servicio civil basado en la meritocracia, en la igualdad de oportunidades, en el interés general, la transparencia, la probidad y en la rendición de cuentas de la gestión; así como de los mecanismos de control interno en las entidades y la incorporación de la ciudadanía como actor fundamental de control social.

ACCIONES
El Plan se basa en 3 ejes de intervención: fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción; identificación y gestión de riesgos; y fortalecer la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. En ese sentido, se han establecido 69 acciones, de las cuales 29 acciones están orientadas a fortalecer la capacidad de prevención de la corrupción, 21 acciones asociadas a la identificación y gestión de riesgos, y 18 acciones asociadas al fortalecimiento de la capacidad sancionadora del Estado respecto a los casos de corrupción y otros fenómenos asociados.

Entre los objetivos específicos del plan figuran el garantizar la transparencia y el acceso a la información; consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción; impulsar y consolidar la reforma electoral y de las organizaciones políticas; promover una cultura de integridad y de ética públicas en los servidores y ciudadanos; instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en el Estado.

Igualmente, está el fortalecer la gestión de denuncias de corrupción; impulsar la carrera pública meritocrática; garantizar la integridad en las contrataciones; reforzar el sistema de justicia penal, el sistema disciplinario y el Sistema Nacional de Control; y fortalecer los mecanismos para recuperación de activos y pérdida de dominio ante delitos agravados contra la administración pública.

Cabe destacar que el Plan 2018-2021 toma como punto de partida la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, aprobada en el 2017, y se erige sobre las recomendaciones del Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, del Informe de la OCDE sobre Integridad en el Perú y sobre el Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas. Asimismo, también recoge la voz de ciudadanos, expertos, académicos y servidores públicos comprometidos con un Estado diferente y para cuyo desarrollo, se contó con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ.

Accede al Decreto Supremo N° 048-2018 que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 AQUÍ

Lima, 26 de abril del 2018
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción