Poder Ejecutivo crea la Secretaría de Integridad Pública


• Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) se convertirá en un órgano técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con mayores facultades para luchar contra la corrupción.

Con el objetivo de demostrar un compromiso al más alto nivel con la lucha contra la corrupción y de fortalecer y respaldar las acciones para prevenir y combatir este flagelo, el Poder Ejecutivo creó la Secretaría de Integridad Pública, órgano técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se convertirá en el ente rector de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Mediante el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que lleva las rúbricas del presidente de la República, Martín Vizcarra; y el Jefe del Gabinete, César Villanueva; el Ejecutivo estableció un conjunto de medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, entre ellas la creación de la nueva Secretaría que absorberá la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

De acuerdo con la norma, en un plazo de cinco días hábiles, se conformará una comisión encargada del proceso de fusión, que deberá culminar en 30 días hábiles como máximo. De esta manera, la Secretaría de Integridad Pública asumirá las funciones de la Coordinación General de la CAN contempladas en el artículo 6 de la Ley N° 29976 de Creación de la Comisión. No obstante, el pleno de la CAN, conformado por titulares de 24 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, mantendrá el mismo esquema.

La Secretaría de Integridad Pública será el órgano responsable de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de la corrupción con el objeto de orientar la correcta actuación de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha contra la corrupción.

INFORME ANUAL

En esa línea, las entidades estatales deberán enviar a la PCM un informe anual sobre sus avances en la implementación de diversos instrumentos para promover la integridad públicas, tales como códigos de buena conducta administrativa, mecanismos de seguimiento de integridad pública, programas de integridad, lineamientos para elaboración de informes de rendición de cuentas, registro de gestión de intereses, lineamientos para gestión de conflictos de intereses, declaración jurada de intereses y mecanismos de reporte de denuncias.

Por su parte, la Secretaría de Integridad Pública, en coordinación con la CAN, evaluará los avances, proponiendo las medidas que permitan fortalecer la actuación de la administración pública en materia de integridad y lucha contra la corrupción.

Los asuntos vinculados a prevenir y gestionar los riesgos de la corrupción que estén bajo la competencia de las entidades estatales serán coordinados con la Secretaría y, de ser el caso, requerirán su opinión. La Secretaría deberá coordinar con otras instituciones rectoras la incorporación de medidas anticorrupción cuando estén en el ámbito de las competencias de dichas entidades.

Cabe destacar que el Poder Ejecutivo ha establecido como principios que orientan la integridad pública la transparencia, la corrección, la probidad, el respeto, la veracidad, la igualdad, la objetividad, la rendición de cuentas, la participación, la prevención y la neutralidad.

Asimismo, define como corrupción el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico o ventaja directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. En tanto, la integridad se define como el uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron.

Acceda aquí al Decreto Supremo N° 042-2018 que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción

Lima, 23 de abril del 2018
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción