La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en ingles) es el tratado más importante a nivel internacional en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción. Su carácter único deriva tanto de su alcance geográfico como de la cobertura y detalle de sus disposiciones, que abordan cuestiones como la recuperación de activos, la tipificación y sanción de los delitos de corrupción, la extradición y cooperación judicial entre países o la asistencia técnica, entre otros.
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción – ratificada hasta enero del 2013 por 165 países- fue aprobada por el Congreso de la República del Perú mediante la Resolución Legislativa Nº 28357 de fecha 30 de septiembre de 2004 y ratificada por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo Nº 075-2004-RE del 05 de octubre de 2004.
Desde la entrada en vigor de la Convención (14 de diciembre del 2005), el Perú ha venido trabajando a efectos de implementarla, a través de la adecuación de su normativa penal y administrativa según los estándares contenidos en dicho instrumento internacional. Para mayor información ver Instrumentos internacionales
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