Fiscal de la Nación es elegido como nuevo Presidente de la CAN Anticorrupción

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  • Doctor José Ávila fue elegido como coordinador general de la CAN Anticorrupción
  • Titular de la PCM ratificó el compromiso del Gobierno de seguir impulsando la lucha contra la corrupción.

El fiscal de la Nación (e), Pablo Sánchez Velarde, fue elegido hoy como nuevo presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción), durante la vigésima primera sesión ordinaria de este importante grupo de trabajo, informó el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano Bellido.

Al dar cuenta de los acuerdos alcanzados en dicha sesión, que fue encabezada por el presidente del Consejo de Ministros en la Sala Prialé de la sede de la PCM, Cateriano indicó que Sánchez Velarde asumirá la Presidencia de la CAN Anticorrupción a partir de agosto próximo.

El titular de la PCM deseó el mejor de los éxitos al fiscal de la Nación en la labor que desempeñará al frente de la CAN Anticorrupción.

A su vez, Sánchez Velarde agradeció a los integrantes de esta Comisión por su elección y dijo que ello “me compromete más en el esfuerzo de trabajar por la institución y por el país”.

Asimismo, el jefe el Gabinete Ministerial hizo saber que el doctor José Ávila fue elegido como coordinador general de la CAN Anticorrupción.

En otro momento, ratificó el interés y compromiso del Gobierno de seguir impulsando la lucha contra la corrupción y, en tal sentido, destacó la aprobación, en la citada sesión, del Plan de Acción 2015: Medidas prioritarias para prevenir y combatir la corrupción.

Entre las medidas contenidas en el Plan destacan la incorporación de un módulo en la currícula educativa nacional para el fortalecimiento de una cultura de legalidad, el desarrollo de una campaña de promoción de valores y cultura anticorrupción y la formulación y aprobación de protocolos de acción conjunta y reglamentos en el ámbito penal.

Asimismo, la consolidación de la lucha contra la corrupción en el ámbito regional y local. En este contexto se contempla la implementación de las Secretarías Técnicas de las Comisiones Regionales Anticorrupción, la aprobación e implementación de planes regionales anticorrupción en cada región y la realización de audiencias públicas a nivel regional con participación de los miembros de la CAN.

Además, la implementación de Comités del Sistema de Control Interno a nivel institucional en los Gobiernos Regionales, la elaboración de propuesta de Ordenanza Modelo para establecer mecanismos que aseguren la rendición de cuentas en los gobiernos regionales y locales, y el lanzamiento de la plataforma de seguimiento de procesos penales por corrupción.

Durante su intervención en la sesión, el jefe del Gabinete Ministerial reconoció el esfuerzo que en estos meses del presente año han realizado las instituciones que conforman la CAN Anticorrupción, para prevenir y combatir la corrupción.

“Por otra parte, lamentamos los hechos ocurridos en Arequipa. Asimismo, les señalo que el Gobierno es el principal interesado en la defensa de los derechos fundamentales, la propiedad privada, en la protección del medio ambiente y estamos realizando los esfuerzos necesarios para asegurar el diálogo y debate fructífero”, reafirmó.

Remarcó que “es nuestra obligación garantizar el intercambio de opiniones en un ambiente de armonía y paz”.
En la vigésima primera sesión de la CAN Anticorrupción participaron la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano; los presidentes del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, y del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén; el fiscal de la Nación (e), Pablo Sánchez; el contralor general, Fuad Khoury, y el juez supremo titular Víctor Prado en representación del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona.

También asistieron el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Acuña; el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Javier Iguiñiz; la presidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Magali Rojas; la primera adjunta (e) de la Defensoría del Pueblo, Claudia Del Pozo Goicochea; el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, y el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Martín Pérez.

Asimismo, los presidentes de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar, y de la Cámara de Comercio de Lima, Jorge von Wedemeyer, así como representantes de la Conferencia Episcopal Peruana, de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, del Concilio Nacional Evangélico del Perú, de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú y de la Asociación de Municipalidades del Perú.

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